La Pampa: un intendente irá a juicio en una causa por trata de personas

Acusado de brindar protección a una banda que sometía

a la prostitución a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El intendente de la localidad pampeana de Macachín, Jorge Cabak, será sometido a un juicio oral, acusado del delito de trata de personas, ya que habría "brindado protección a una banda" que sometía a la prostitución a "mujeres en situación de vulnerabilidad" en un local de la zona, se informó oficialmente hoy.

 

Junto con el jefe comunal del PJ afrontará el proceso el excomisario local Hugo Iglesias, por los mismos delitos.

 

La fiscal federal subrogante Adriana Zapico, según el expediente, acusó a ambos de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autores en concurso ideal con el delito de trata de personas con el fin de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios".

 

Zapico solicitó la elevación a juicio por considerar que los acusados habrían "brindado protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo La Chicho Show", de Macachín, 114 kilómetros al sudeste de Santa Rosa.

 

La fiscal consideró que Cabak conocía "cabalmente lo que sucedía en el local nocturno" y, "no sólo mantuvo la habilitación municipal", sino que también "rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar", aseguró.

 

Sobre la participación del excomisario Iglesias, Zapico afirmó que "conocía la actividad de prostitución que se desarrollaba en "La Chicho Show".

 

Eso quedó demostrado, según la fiscal, a través de los diálogos telefónicos que se sumaron a la causa, ya que el propio Cabak "se comunicaba asiduamente" con Iglesias, debido a que el jefe policial "le avisaba cada vez que fichaba a una mujer, para que ésta prosiguiera el trámite en la Municipalidad".

 

El intendente de Macachín se convierte así en el segundo intendente peronista vinculado al delito de trata de personas con el fin de explotación sexual.

 

En junio pasado, el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado a la pena de cinco años de prisión y a pagar una multa de 50 mil pesos por proteger un prostíbulo en su localidad.

 

Fuente: DyN

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