Por José Luis Ibaldi - Mañanas de Campo
Estamos en un cambio de época. ¡Vaya novedad! Sin embargo, no es una sensación que se siente y se aprecia en nuestro país. Muchos argentinos, y muy especialmente quienes ocupan puestos claves en las instituciones de la República, no quieren advertir que la historia ya ha girado varias veces la esquina. Se empeñan en no hacerle caso. Hacen gala de una peligrosa vocación suicida de seguir derecho cuando la mayoría de los países doblan. Lo estamos pagando con el porvenir.
Una de las características más notables que he observado en esta nueva etapa democrática iniciada en 1983 es el hecho de que muchos líderes creen ser ellos mismos las instituciones. Instituciones que, a pesar de sus debilidades, han sido construidas y consolidadas por generaciones de argentinos.
El sobreseimiento de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y de los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Souza y Cristóbal López, imputados en la causa por presunto lavado de activos, dádivas y asociación ilícita en la explotación de las empresas hoteleras Los Sauces y Hotesur, nos habla de flagrante impunidad de quienes se sienten como Luis XIV de Francia, el rey Sol, con su famosa frase “El Estado soy yo”. Entonces, ¡al diablo con el pueblo, sus necesidades y la mar en coche…! Lo importante es salvar a la arquitecta egipcia, a la Pasionaria de Tolosa -como la ha bautizado el periodista Jorge Fernández Díaz- y a sus vástagos y cómplices.
Hoy nuestras instituciones son solo escenografías, espacios para ocupar cargos sin preparación, territorios para nombrar a amigos o socios con los cuales cerrar algún negocio en contra de instituciones que deberían estar fuera de ese territorio de la transa y la corrupción, como es la Justicia.
No es necesario ser muy avispado para observar cómo personas del derecho o miembros de Tribunales provinciales o federales que buscan posicionarse en tal o cual cargo, deambulen por los pasillos del poder haciendo lobby con políticos para ganar sus lealtades. Esto no hace más que alejar nuestra visión de las honras y capacidades que deberían privilegiar a quienes deben administrar la Justicia.
Días pasados, un amigo me hizo llegar un artículo del diario La Nación, donde la doctora Diana Cohen Agrest señala que “La inseguridad se ha convertido en verdadera política de Estado”, denunciando una ideología abolicionista que se ha enquistado en el sistema judicial pero que “excede el ámbito de la Justicia”.
El Estado es el patrimonio personal de quien lo gobierna. Desde hace muchísimos años, salvo honrosas excepciones, y más aún en los últimos tiempos, la familia o los tilingos chupamedias que aseguran la “caja” están por delante.
En fin, “cosas veredes”, amigos míos. En el final de esta columna les dejo y me dejo esta pregunta: ¿Hasta cuando vamos a aguantar tanta impunidad?
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