Por el senador David A. Hirtz (UCR – Juntos por el Cambio)
La última semana legislativa en la Provincia ha sido – junto con el debate sobre la Ley Impositiva de principio de año – de una importante significación para los bonaerenses y para la relación parlamentaria provincial.
Efectivamente se dio sanción a leyes que otorgan al Poder Ejecutivo instrumentos y herramientas financieras importantes entre ellas la autorización de endeudamientos en tres conceptos: 20.000 millones de pesos para regularizar atrasos de Tesorería, 8.000 millones de pesos a emitir en letras del Tesoro y 500 millones de dólares cuyo destino originalmente no había sido informado.
La magnitud de los montos, la ausencia de información sobre las formas, modos y destino de los recursos y la ausencia de un Presupuesto 2020 que nunca se presentó, llevó a demorar una semana de intercambios y requerimientos de información por parte de los bloques opositores. El oficialismo consideró ese pedido una demora injustificada y una obstrucción a la necesidad de la gestión provincial.
Nada más alejado de ello. Juntos por el Cambio ha mostrado permanentemente una predisposición a dotar al gobierno de todos los mecanismos legales que necesita para gobernar. El debate e intercambio de información y nuestras propuestas, llevaron a determinar con transparencia en la Ley, que 200 millones de dólares serán destinados a obras viales, 100 millones de esa moneda a mejora de infraestructura educativa y de salud y los restante 200 millones a programas habitacionales. Este detalle no menor no estaba explicitado originalmente.
Al mismo tiempo se facultó al gobierno a modificar el destino de créditos existentes de organismos internacionales: 120 millones de dólares del programa de saneamiento del Rio Salado a urbanizaciones y viviendas y 130 millones de la misma moneda solicitada para el acueducto Río Colorado – Bahía Blanca a obras de agua potable para esa ciudad y la región.
Simultáneamente obtuvimos seguridades de financiamiento para obras y equilibrio financiero en los 135 municipios de la provincia. Se trata de desembolsar los primeros 2.000 millones de pesos votados en febrero y no desembolsados para el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y nuevos recursos a parecidos destinos por 3.000 millones de pesos más. Simultáneamente requerimos que la devolución de fondos prestados a los municipios para salarios no deban ser devueltos en el corriente ejercicio.
Todas estas medidas requeridas por nuestros bloques y acordadas permitieron resolver estas cuestiones por unanimidad. Sin embargo el oficialismo no tuvo la misma mirada para dos requerimientos de Juntos por el Cambio. En primer lugar se bloqueó mediante un artilugio reglamentario el tratamiento de una Ley que apuntaba a sostener económicamente en la emergencia el sistema de educación privada de la Provincia. Y en segundo lugar a volver a colocar en el Orden Día el tratamiento de 40 pliegos de jueces aprobados por las Comisiones respectivas a fines de 2019 retirados irregularmente de su tratamiento en sesiones.
La gobernabilidad y la búsqueda de consensos es nuestra meta permanente. Pero manifestando al mismo tiempo nuestra inclaudicable vocación de ejercer el control de la transparencia, el respeto de las normas y reglamentos y el cumplimiento del destino que las normas aprobadas dan a los recursos que es en definitiva el rol que la sociedad nos ha dado de ejercer una oposición democrática y responsable pero efectiva.
Lo que ocurre es que en esta tarea – como en el tango – se necesitan dos para que sea real. La actitud de nuestros legisladores, intendentes y dirigentes estará en esa línea pero debe encontrar enfrente la misma dosis de compromiso republicano para que esas buenas intenciones sean efectivas.
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